La Teoría vs. La Práctica

El tema de la en Puerto Rico ha ocupado los titulares de todos los noticieros desde el comienzo del año. Prácticamente a diario se asesinan viciosamente una o más personas en nuestra isla. Muchos argumentan que en lo que va de año han habido menos asesinatos que en años anteriores, pero a diferencia de años anteriores, ha predominado el que se documenten estos crímenes mediante videos tomados por ciudadanos como usted y como yo. La existencia de estos videos nos ha puesto en “primera fila” y nos ha convertido en testigos de hechos de estos viles crímenes, trastocando así la desensibilización que hemos tenido como pueblo por años ante la criminalidad. No es lo mismo que nos cuenten la historia, que verla con nuestros propios ojos.

En las últimas semanas he sostenido muy amenas conversaciones con distintas personas sobre el tema de la posesión y portación de armas. Cada cual tiene su opinion en cuanto a las mismas, pero el denominador común es que en la actualidad todos sienten, en un mayor o menor grado, temor por su seguridad. Esto ha motivado que en el estilo de mi amigo y colega abogado, el Lcdo. Oscar Acarón Montalvo, escriba estas líneas.

El tema de la posesión o portación de armas, es uno en el cual influyen factores personalísimos, como opinions, prejuicios, desinformación y hasta ignorancia. Hay personas a quienes no les gusta o reconocen que no pueden tener armas y otros quienes las vemos como una herramienta adicional para la protección personal y la de nuestras familias. A estos últimos se le añade el factor de poder utilizar las mismas como un “hobby” o deporte que se caracteriza por el exceso de seguridad.

Luego entra el asunto de lo que es prioridad. Entre esas personas con quienes indiqué anteriormente que converse en las últimas semanas, algunos se encontraban en proceso de tramitar su licencia o su portación de armas, mientras que otros comenzaban la conversación diciendo que están esperando que se apruebe la “nueva ley”, donde todos estos trámites serían más fáciles y, sobre todo, más baratos. Ciertamente esto pone en entredicho cuanta prioridad tiene la seguridad personal y familiar de aquellos que esperan la “nueva ley”. Para mi, la seguridad, al igual que la salud, es prioridad y hay que atenderlas en el momento. La seguridad personal es prioridad y punto. Perdí la cuenta de cuantas personas en espera de una nueva ley y de unos costos más accesibles postergaron su portación de armas cuando el Huracán María vino de visita. Pudiendo haber realizado esos trámites, prefirieron tener la pistola del momento o el rifle de $1,500+ que solamente han disparado dos veces en los últimos 3 años por que las balas están caras. Ahí sintieron de cerca el trillado “temor por la seguridad”. Por otro lado, esos $800 que no quisieron gastar en la portación por que “estaba muy cara”, por que “los abogados y los politicos nos roban los chavos”, parecían ser menudo en el bolsillo cuando muchos se quedaron sin trabajo, mientras los que tenían portación “guisaron bueno” ganándose dinero haciendo trabajos de seguridad, con muy buena paga por hora. Ahí llegó el desespero de tener una licencia de armas o una portación, pero la Policía se demoraba meses en expedirla o los tribunales estaban cerrados o atestados de casos para atender tantas peticiones. Hoy en día todos conocemos la historia de lo que se tarda el que expidan una licencia de armas, una renovación o un cambio de categoría, aun con su alto costo.

En estos días nuevamente ha resurgido el tema de la “nueva” ley de armas que muchos esperan que se apruebe y mediante la cual se espera que se abaraten los costos de las licencias y portaciones, se disminuya el tiempo de espera y se facilite el proceso burocrático de su obtención. Aunque usualmente me mantengo al margen de este tipo de discusión, para mi, una nueva ley de armas es bienvenida, siempre y cuando la misma adelante en Puerto Rico el reconcimiento del derecho constitucional a la posesión y portación de armas garantizado por la segunda enmienda de la Constitución federal. Todo aquello que no adelante nuestro derecho o que nos quite o disminuya los derechos ya adquiridos, no debe dársele consideración alguna.

Ahora bien, en cuanto a las leyes relacionadas con la posesión y portación de armas, hay que distinguir entre la teoría vs. la práctica. En el campo del Derecho, no es lo mismo leer lo que dice el papel, que estar en la litigación diariamente y ver como se bate el cobre en los tribunales y en los procesos administrtivos con la Policía. Se habla de una nueva ley donde la portación de armas tiene un precio más accesible y económico, mediante un trámite administrativo, sin tribunales y en un tiempo récord si lo comparamos con el tiempo que demora en la actualidad.
Sin embargo, desde un principio he dicho que eso suena bonito en el papel, pero en la práctica, el trámite de podría será más lento, más costoso y más atropellante y oneroso de lo que es en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Tomaré de ejemplo el solicitar una portación de armas. En primer lugar, se somete una petición ex parte ante la division legal de la Policía. Esto se somete luego de haber ido en cuatro ocasiones a la Comandancia por que se acabaron los turnos, no había sistema, cambió el formulario de la petición, entre otros. Luego esa petición de portación va a ser atendida por un abogado de la división legal de la Policía, donde en la actualidad no hay suficientes abogados para atender los casos que tienen, mucho menos van a ser suficientes al sumarle el atender casos de portaciones. Por si acaso no lo sabían, los abogados de la Policía no tienen la inmunidad que tiene un Juez o un Fiscal, por lo cual serán excesivamente cautelosos antes de poner su firma y su licencia en juego antes de concederle una portación a una persona que no conocen y ni siquiera han tenido de frente. Súmenle a esto el que ellos siguen o “defienden” la política de la Agencia (pregúntenle al Lcdo. Osvaldo Sandoval sobre su analogia de los martillos y los clavos). Esta ausencia de inmunidad y exceso de cautela o, mejor dicho, el temor de darle una portación a lo que ellos consideren persona equivocada, va a causar el que se acumulen los casos y todos sean citados para una vista administrative para por lo menos “verle la cara” al peticionario. Los que han tenido vistas administrativas con la Policía, saben que aunque la ley y los reglamentos establecen unos términos específicos, ellos se demoran desde meses hasta años en atenderse las mismas y la cantidad de oficiales examinadores que atienden estos casos no llegan a 10 para los casos de toda la isla. Una vez se atiende su vista y, por mala pata se le deniega su portación sin fundamento legal válido, por que sí, por sus pantalones, como se hace a diario, prepárese que ahora viene lo bueno. Si usted no llevó un abogado para evitar que lo anterior sucediera, ahora sí lo va a necesitar para el proceso de “apelativo” de revision judicial. Usted tendrá que contratar un abogado para hacer su escrito apelativo, la exposición narrativa de la prueba o su transcripción, los apéndices, alegatos, etc. Allí se encontrará que el Tribunal de Apelaciones le merecerá gran deferencia a la Policía en su “expertise” en la interpretación de la Ley de Armas, por lo cual se confirmarán la mayoría de las decisiones de la Policía y son menos los que ganarán su caso en apelación. Pero tranquilos, si el Tribunal de Apelaciones le deniega, acuda al Tribunal Supremo al módico costo de varios miles adicionales a ver si acogen y atienden su caso. Si nada de esto resulta a su favor, puede comenzar el trámite de nuevo desde cero.

El punto que quiero llevar, es que hay que ser cuidadosos con lo que se pide. No sea que detrás de una cara bonita se esconda la privación de un valioso e importantísimo derecho constitucional, como lo es la posesión y portación de armas para la autopreservación. Si se nos priva de este derecho, solamente los delincuentes podrán utilizar armas estando debidamente protegidos por todo derecho constitucional que se garantiza en los procesos criminales. No es solamente leer lo que dice el papel, hay que tener en cuenta como se traduce una nueva ley en la práctica, en el día a día. Nuestra inconstitucional ley actual va para 19 años de haber sido aprobada. No quiera usted que una nueva ley de armas que en la práctica resulte más restrictiva y más atropellante contra nuestro derecho a poseer y portar armas nos tome 19 años más para derogarla.

Por el Lic. Javier H Jiménez Vázquez

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